Funcionarios de la Arquidiócesis de Chicago dieron a conocer el día de hoy un reporte global que resume las acciones que la Arquidiócesis llevó a cabo como respuesta al abuso de menores de edad por parte de clérigos, durante la década pasada.

El reporte elaborado por Jimmy M. Lago, canciller de la institución, confirma que desde enero de 1993, el Comité Examinador de Aptitud Profesional de la Arquidiócesis de Chicago ha determinado que había causa razonable para sospechar que el abuso sexual de menores ocurrió en 55 incidentes cuya antigüedad máxima es de 40 años y que involucran a 36 sacerdotes arquidiocesanos. Ninguno de ellos permanece en ningún tipo de ministerio; todos han sido removidos, han renunciado o han muerto. Durante los 10 años pasados se gastaron $16.8 millones en ayuda a las víctimas y en acuerdos legales, en terapia para las víctimas y los sacerdotes y en costos de representación legal.

El reporte revisa el número de acusaciones con fundamento procesadas y el estado actual de los casos de sacerdotes arquidiocesanos acusados durante el periodo de enero 1 de 1993 hasta el 16 de enero de 2003. Todas las acusaciones presentadas durante este periodo fueron incidentes que ocurrieron antes de 1991. De los 36 sacerdotes arquidiocesanos, 19 fueron removidos, nueve han renunciado y ocho han muerto.

El Reporte del canciller no incluyó las acusaciones contra sacerdotes de órdenes religiosas o sacerdotes de otras diócesis cuyos casos hayan sido referidos a los superiores religiosos apropiados o al obispo diocesano correspondiente.

El año pasado, el Cardenal Francis George, O.M.I., Arzobispo de Chicago, solicitó al canciller Lago un reporte actualizado sobre la respuesta de la Arquidiócesis al problema de abuso de menores por parte de sacerdotes.
"El abuso sexual de un menor por parte de un sacerdote nos avergüenza a todos" dijo el Cardenal. "A toda la Iglesia entristece el hecho de que algún sacerdote traicione a una persona joven que confió en él. La Arquidiócesis no sólo trabaja para ayudar a las víctimas sino que además trata de proteger a todos los jóvenes a nuestro cuidado y trata de manera justa a sacerdotes que son acusados de abuso sexual a menores".

En su reporte, Lago escribió, "Aún cuando un sólo incidente de abuso sexual por parte de un clérigo es un número demasiado grande, este reporte demuestra que los esfuerzos de la Arquidiócesis durante los pasados 10 años para atender este serio problema ha tenido como resultado tres hechos significativos:

• ningún sacerdote con una acusación fundamentada de conducta sexual inapropiada contra menores de edad está participando en ningún tipo de ministerio en la Arquidiócesis de Chicago;
  
• los funcionarios de la Arquidiócesis han compartido los archivos de todas las acusaciones con las autoridades civiles apropiadas y continuarán haciéndolo;
  
• la Arquidiócesis de Chicago continúa haciendo todo lo que puede para asegurar la seguridad de los niños y jóvenes en sus parroquias y escuelas".

En junio de 1992 se publicó un reporte previo, encargado por el fallecido Cardenal Joseph Bernardin. Las políticas de la Arquidiócesis sobre las conductas sexuales inapropiadas con menores de edad fueron publicadas por primera vez en septiembre de 1992 y entraron en vigor el 1º de enero de 1993. Estas políticas son revisadas anualmente y fueron actualizadas recientemente para cumplir con los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes adoptado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en junio de 2002 y las Normas reconocidas por la Santa Sede en diciembre del año pasado.

Resultados relevantes

Los datos relevantes del reporte del canciller son:

• 55 acusaciones de abuso sexual a niños perpetrado por 36 sacerdotes arquidiocesanos, siendo el más antiguo de más de 40 años, determinadas por el Comité Independiente Examinador de la Aptitud Profesional como creíbles.
• de los 36 sacerdotes, 19 fueron removidos, nueve han renunciado y ocho han muerto;
• ningún sacerdote contra quien se ha hecho acusaciones fundamentadas de abuso sexual infantil sirve en ningún ministerio hoy en día;
• se gastaron $7.9 millones en consejería, acuerdos legales y otras formas de ayuda a las víctimas, y $4.6 millones en el tratamiento y monitoreo de los abusadores
• los costos legales suman cerca de $4.3 millones (esto incluye $1.3 millones gastados durante este periodo para defender a un sacerdote y un director de escuela juzgados como inocentes por un jurado civil);
• de los $16.8 millones gastados, una porción proviene de la venta de propiedad sin construcción, ganancias provenientes del seguro de aproximadamente $3 millones, y el resto vino del fondo general arquidiocesano, el cual será reembolsado de ventas futuras de propiedades no relacionadas con parroquias y ganancias de seguro. En el futuro, ningún donativo ya sea de una parroquia o de la Arquidiócesis de Chicago, será usada para solventar gastos directos por abuso sexual.

Puntos importantes de las políticas

Las políticas integrales de la arquidiócesis adoptadas por primera vez en 1992, atendieron la educación, la prevención, la ayuda a las víctimas, la cooperación total con las autoridades civiles, compasión para el acusador y el acusado, y un protocolo para determinar la aptitud de un sacerdote para el ministerio. Establecieron también un Comité independiente Examinador de la Aptitud Profesional, cuyo administrador es requerido por ley a cumplir con todos los requisitos civiles de reportar cuestiones relacionadas con el abuso sexual de menores y de cooperar con las autoridades civiles. La arquidiócesis ha revisado todas las acusaciones con las autoridades civiles apropiadas y continua haciéndolo con periodicidad.

Los sacerdotes tienen el derecho bajo el Código canónigo de impugnar la decisión de removerlos del ministerio. "El proceso de apelación es una manera de establecer la verdad y de hacer justicia", afirmó el Padre Patrick R. Lagges, Vicario Judicial para la Arquidiócesis de Chicago. "No es una estrategia para sacarse de la manga un tecnicismo y poder reinstalar a un sacerdote que ha sido removido del ministerio debido a una acusación fundamentada de abuso sexual a un menor".

Las políticas fortalecidas a partir de junio de 2002

Los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes fueron adoptados por la USCCB (Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos por sus siglas en inglés) en junio de 2002, y las Normas nacionales revisadas fueron aprobadas en noviembre de 2002. Las políticas de la Arquidiócesis han sido, por lo tanto, enmendadas para ajustarse a las políticas y Normas nacionales. Cambios claves en las políticas de la Arquidiócesis de Chicago, algunas de las cuales confirman practicas anteriores, incluyen:

• una disposición que afirma que "la arquidiócesis no entrará en acuerdos de confidencialidad excepto por razones graves y con fundamento presentadas por la víctima / sobreviviente".
• que "el observar de manera necesaria las normas canónicas internas de la Iglesia no intenta de manera alguna, el obstaculizar el curso de cualquier acción civil";
• una disposición de que una acusación contra un sacerdote fallecido deberá ser recibida por el Administrador del Comité Examinador, quien deberá elaborar un resumen escrito de las acusaciones y referir al acusador con el Ministerio de Ayuda a las Víctimas para que se lleve a cabo el cuidado pastoral apropiado.

La señorita Leah McCluskey, recientemente designada Administradora del Comité Examinador, dirigirá la Oficina para Examinar la Aptitud Profesional comenzando el 21 de enero. Ella es una trabajadora social licenciada. El Administrador del Comité Examinador de la Aptitud Profesional, es un "informador obligado" quien tiene como tarea cumplir con todos los requisitos civiles de reportar cuestiones relacionadas con el abuso sexual de menores y de cooperar con investigaciones oficiales. El o la administradora hace todos los reportes requeridos por el Departamento de Servicios a Niños y Familias de Illinois (DCFS por sus siglas en inglés), e informa por escrito a aquellos que hacen acusaciones, acerca de sus derechos para contactar al DCFS de manera directa. Además, el Procurador de justicia del estado para los condados de Lake y Cook es informado de todas las acusaciones hechas.

"Los líderes arquidiocesanos entienden que ningún paquete de políticas y procedimientos es perfecto. Es imposible prever en detalle todo posible escenario o situación que involucre el abuso sexual de menores" escribió Lago. "También reconocen que ningún esfuerzo, no importa cuán integral y bien intencionado sea, puede compensar totalmente a las víctimas por el dolor que han debido soportar. Sin embargo, los dirigentes de la Arquidiócesis permanecen comprometidos en asegurar que los niños y jóvenes estén seguros y que aquellos que violan esa confianza sean removidos del ministerio".